Nicolás Wiñazki lanzó una fuerte crítica contra el Gobierno nacional por la prórroga para la presentación de las declaraciones juradas de funcionarios públicos. El periodista cuestionó que los ciudadanos deban cumplir con sus obligaciones fiscales en junio, mientras que los integrantes del Estado nacional tendrán plazo hasta el 31 de julio para informar su patrimonio.
El planteo apuntó directamente al contraste entre el discurso anticasta de La Libertad Avanza y una decisión administrativa que, según Wiñazki, termina beneficiando a quienes ocupan cargos públicos. La crítica se suma al clima de cuestionamientos por el fin del relato anticasta, en medio de nuevas polémicas sobre patrimonio, funcionarios y transparencia.
Wiñazki apuntó contra la prórroga para funcionarios
Durante su editorial, Wiñazki remarcó la diferencia entre los vencimientos que alcanzan a los contribuyentes comunes y el plazo especial otorgado a los funcionarios públicos. En ese sentido, se mostró indignado por la extensión dispuesta por la Oficina Anticorrupción.
“Todos los ciudadanos de la República Argentina que pagan sus impuestos y pagan Ganancias tienen que presentar la declaración jurada en junio”, sostuvo.
Luego marcó el contraste con los funcionarios del Gobierno nacional: “¿Por qué los funcionarios públicos tienen tiempo hasta el 31 de julio? ¿Por qué?”.
La respuesta, según el periodista, expone una contradicción política del oficialismo. “Porque lo determinó este Gobierno”, afirmó, al señalar que la prórroga fue establecida por una resolución de la Oficina Anticorrupción.
Wiñazki insistió en que la diferencia de plazos no puede leerse como un detalle administrativo, sino como un privilegio para la dirigencia estatal. En ese tramo, lanzó una de las frases más duras de su editorial: “Si esto no es casta, ¿qué es?”.
La Oficina Anticorrupción y el plazo hasta julio
El periodista explicó que la Oficina Anticorrupción extendió hasta el 31 de julio el plazo para que los funcionarios presenten sus declaraciones juradas patrimoniales. En su lectura, esa decisión genera una desigualdad frente al resto de los contribuyentes, que deben cumplir antes con sus propias obligaciones fiscales.
Wiñazki también recordó que las prórrogas para funcionarios suelen acompañar los vencimientos tributarios generales, pero cuestionó que en este caso el plazo final quede por fuera del calendario que alcanza a la mayoría de los ciudadanos.
“Todos los que pagan Ganancias van a tener que presentar la declaración jurada antes que los funcionarios públicos”, señaló, y volvió a plantear que esa diferencia erosiona el discurso oficial contra los privilegios de la política.
La polémica aparece en un momento especialmente sensible para el Gobierno, atravesado por cuestionamientos públicos sobre patrimonio y funcionarios. En ese contexto también volvió a circular la discusión por la reforma de la casa de Adorni, un caso que alimentó nuevas críticas sobre el contraste entre austeridad discursiva y explicaciones oficiales.
El golpe al discurso anticasta
La crítica de Wiñazki se enfocó en el corazón del relato libertario. El periodista sostuvo que el oficialismo llegó al poder con una bandera contra los privilegios de la dirigencia, pero ahora aparece defendiendo o habilitando condiciones diferenciadas para los propios funcionarios.
La frase “si esto no es casta” sintetizó ese cuestionamiento. Para Wiñazki, la prórroga de las declaraciones juradas patrimoniales no solo abre una discusión administrativa, sino que expone una contradicción política en un Gobierno que hizo de la transparencia y la denuncia de la “casta” uno de sus principales ejes de campaña.
La editorial se viralizó en redes sociales y reactivó los cuestionamientos contra el oficialismo. Con ese planteo, Wiñazki buscó instalar una pregunta incómoda para el Gobierno: por qué los ciudadanos deben cumplir antes con sus obligaciones fiscales mientras los funcionarios cuentan con más tiempo para informar sus bienes.
