Reestructuración en la Procuración del Tesoro menos estructura
El Decreto 475/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, aprobó un nuevo organigrama para la Procuración del Tesoro de la Nación, principal órgano de defensa jurídica del Estado.
El texto, publicado en el Boletín Oficial, dispone:
- La reorganización administrativa de los niveles 1 y 2.
- La eliminación de más de 60 cargos.
- La disolución de áreas técnicas consideradas “duplicadas” o “innecesarias”.
De seis Direcciones Nacionales, se pasa a cuatro. También se eliminaron subdirecciones y coordinaciones internas. La Procuración del Tesoro, de este modo, pasa a tener una estructura más compacta, con menos personal y mayores atribuciones concentradas.
El decreto completo puede consultarse en el Boletín Oficial.
Cierre de la Escuela de Abogados del Estado
Uno de los cambios más relevantes fue el cierre definitivo de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, creada por decreto en 1994. Su rol era capacitar a profesionales que actúan como representación legal del Estado en juicios nacionales e internacionales.
En su reemplazo, el decreto crea el Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP), con funciones similares pero menos recursos humanos. Funcionará con menos de un tercio del personal original y dependerá directamente de la Procuración del Tesoro.
Especialistas advirtieron que la eliminación de la Escuela puede afectar la formación técnica de nuevos cuadros legales del Estado, en un momento de alta litigiosidad externa.
Juicio por YPF y presuntas filtraciones
Aunque desde el Gobierno se plantea que la reestructuración responde a una mejora en la eficiencia del Estado, fuentes extraoficiales vinculan los despidos con posibles filtraciones en la causa YPF.
La Procuración del Tesoro está a cargo de la estrategia jurídica en el juicio que enfrenta la Argentina contra el fondo Burford Capital por la expropiación de la petrolera. En ese contexto, se sospecha que documentación sensible fue filtrada, lo que habría afectado la defensa del Estado.
Algunos de los funcionarios desplazados tenían acceso a esa información. El Gobierno no lo confirmó públicamente, pero la simultaneidad entre el escándalo y la reestructuración alimentó versiones internas.
Concentración de poder y riesgos operativos
La nueva estructura concentra funciones en la figura del procurador Santiago Castro Videla, funcionario cercano a la presidencia. La reducción de áreas intermedias y la eliminación de niveles técnicos implica menos controles cruzados, pero también mayor verticalismo.
Desde el Ministerio de Justicia sostienen que se busca eliminar gastos superfluos y optimizar la gestión. Sin embargo, voces gremiales advierten que la reestructuración puede dejar al Estado más expuesto en litigios y con menos capacidad técnica para enfrentar causas complejas.
En paralelo, la pérdida de institucionalidad en el área de formación representa una señal política sobre el rumbo que toma la administración pública bajo el plan de ajuste del Gobierno.