Vialidad Nacional, medida cautelar frena su disolución
La jueza federal Martina Forns, del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 2 de San Martín, dictó este miércoles una medida cautelar que suspende por 180 días la ejecución del decreto 461/2025, que ordenaba la disolución de Vialidad Nacional, el organismo responsable del diseño, construcción y mantenimiento de rutas en el país.
La resolución fue dictada en el marco de una causa impulsada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que solicitó la nulidad del decreto por considerarlo inconstitucional. El gremio argumentó que el Poder Ejecutivo no puede eliminar un ente autárquico creado por ley mediante un simple decreto reglamentario, incluso con facultades delegadas.
Según el fallo, “resulta procedente ordenar la suspensión de los efectos del decreto 461/2025 por el plazo de seis meses a contar desde la fecha”, y se instruye al Estado a no realizar despidos, traslados ni transferencias de funciones durante ese período.
El decreto 461/2025, al igual que otras medidas recientes como la reestructuración de la Procuración del Tesoro, ya analizada en Diario360, forma parte del proceso de reforma estatal impulsado por el Gobierno nacional.
Argumentos legales y autonomía institucional
En su resolución, la jueza Forns fundamentó que Vialidad Nacional es un organismo autárquico creado en 1932 por ley del Congreso Nacional, y que su supresión no puede resolverse mediante un acto administrativo. Señaló además que el decreto vulnera derechos laborales adquiridos por los trabajadores, y podría generar un “daño irreparable” de concretarse su ejecución.
La magistrada también puso énfasis en el principio de legalidad y control de constitucionalidad, indicando que ni la Ley Bases (27.742) ni el DNU 70/2023 habilitan al Ejecutivo a cerrar organismos creados por ley sin intervención del Congreso.
La reacción del Gobierno: apelación en marcha
Tras conocerse la medida judicial, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó en su habitual conferencia de prensa que el Gobierno apelará el fallo ante la Cámara Federal de San Martín. “Consideramos que la resolución no se ajusta a derecho y confiamos en que será revertida en segunda instancia”, afirmó el funcionario.
Desde el Ejecutivo insisten en que la disolución de Vialidad Nacional forma parte del plan de reducción del gasto público. Según cálculos oficiales, el cierre permitiría un ahorro estimado en 100 millones de dólares anuales, y las funciones del organismo serían transferidas a otras áreas del Ministerio de Economía y a concesiones privadas.
Posición del gremio y repercusiones
El sindicato SEVINA celebró el fallo como “un freno a la destrucción del Estado”, y su secretaria general, Emiliana Mcnamara, declaró que la cautelar “reivindica la vigencia de la legalidad frente a la arbitrariedad del Ejecutivo”. También remarcó que la entidad representa a más de 5.000 trabajadores distribuidos en todo el país, cuya estabilidad laboral estaba amenazada.
En varias provincias, como San Juan y La Pampa, las delegaciones gremiales realizaron actos de apoyo a la medida judicial, y pidieron que el Congreso se exprese sobre la continuidad de organismos públicos clave.
El futuro de Vialidad Nacional en disputa
La decisión de la jueza Forns deja en suspenso el cierre de Vialidad Nacional, al menos durante los próximos seis meses. Durante ese período, se espera que la Cámara Federal se pronuncie sobre la apelación del Gobierno. Si confirma la cautelar, el proceso de disolución podría demorarse hasta la definición de fondo sobre la constitucionalidad del decreto.
La causa podría eventualmente escalar hasta la Corte Suprema, ya que involucra cuestiones vinculadas a la división de poderes, la validez de las delegaciones legislativas y la autonomía de entes creados por ley.