El nombre de Miguel Ángel Calvete vuelve a quedar en el centro de la causa Andis tras la difusión de audios que exponen cómo se coordinaban pagos, sobreprecios y retornos en un esquema que la Justicia investiga como corrupción estructural. Mientras el dinero debía destinarse a personas con discapacidad, las grabaciones revelan una operatoria que abre una pregunta clave: ¿quién controlaba realmente el circuito de fondos?
La investigación judicial ya había detectado maniobras por más de 75.000 millones de pesos desviados a través de contrataciones direccionadas , pero los nuevos audios sugieren que el volumen podría ser aún mayor. En ese contexto, el sistema que debía garantizar prestaciones médicas aparece atravesado por prácticas irregulares que coinciden con la crisis del sistema de discapacidad.
El expediente, impulsado por el fiscal Franco Picardi, sostiene que existió una estructura organizada entre funcionarios y empresarios para inflar precios, direccionar compras y repartir el dinero. Dentro de ese esquema, Miguel Ángel Calvete aparece como uno de los operadores clave, pese a no ocupar formalmente un cargo público.
A medida que avanzó la causa, se consolidó la hipótesis de una red que operaba desde adentro del Estado pero con fuerte articulación privada. La Justicia ya cuenta con 19 procesados y una nueva ronda de indagatorias que involucra a decenas de personas.
En ese contexto, los investigadores comenzaron a reconstruir el circuito en el que se movía el dinero y cómo Miguel Ángel Calvete aparecía de manera recurrente como punto de conexión entre distintos actores del sistema.
Cómo funcionaba el esquema en torno a Miguel Ángel Calvete
Los audios difundidos muestran conversaciones directas entre proveedores y Miguel Ángel Calvete, en las que se habla sin filtros sobre montos, pagos y condiciones de entrega del dinero.
— Empresario: “Ahí me dicen los chicos que entraron algo de 80 y casi 90 palos… después vemos cómo coordinamos. Lo tengo preparado todo en pesos. Si lo querés en verde, tengo que ir a una cueva… no creo que tengamos esa cantidad en la ortopedia”.
Las frases, lejos de ser aisladas, reflejan una lógica repetida: montos elevados, coordinación previa y referencia directa a conversiones en dólares. En paralelo, el tono relajado —incluso con bromas futboleras— expone un nivel de confianza que refuerza la hipótesis de funcionamiento sistemático.
El rol de los proveedores en la operatoria
El entramado incluía empresas proveedoras de insumos médicos y ortopédicos que participaban de las contrataciones. Según la investigación, se trataba de un circuito cerrado en el que las adjudicaciones estaban previamente direccionadas.
En ese esquema:
- se inflaban precios de insumos
- se simulaba competencia entre empresas
- se garantizaban pagos rápidos
- se distribuían retornos
La Justicia sostiene que el sistema informático de contrataciones fue manipulado para permitir el ingreso directo de proveedores y facilitar las maniobras. Esto permitía anticipar fechas de pagos y asegurar la ejecución de las operaciones.
En paralelo, otras líneas de investigación avanzan sobre el patrimonio de los implicados, incluyendo el bloqueo de cajas de seguridad en la causa, lo que refuerza la sospecha de circulación de dinero no declarado.
La magnitud del dinero en juego
Uno de los puntos más sensibles del caso es el volumen de fondos involucrados. Mientras el expediente judicial habla de más de 75.000 millones de pesos, los audios y fuentes del caso elevan la cifra hasta los 120.000 millones.
Esa diferencia no es menor: marca el posible crecimiento del esquema en el tiempo y su expansión dentro del sistema de salud.
El dinero tenía como destino original:
- medicamentos de alto costo
- insumos médicos
- prestaciones para personas con discapacidad
Sin embargo, según la hipótesis judicial, terminó en manos de empresarios, operadores y funcionarios que habrían participado del circuito.
Miguel Ángel Calvete en el foco de la causa
Aunque no figuraba formalmente dentro de la estructura estatal, Miguel Ángel Calvete aparece mencionado de manera reiterada en la causa, y para los investigadores sería una pieza clave para entender el funcionamiento del esquema.
La causa lo ubica dentro de una red más amplia que incluía funcionarios de alto nivel y empresarios del sector salud. En ese contexto, su rol sería clave para entender cómo se articulaban las decisiones por fuera de los canales formales.
A medida que se incorporan nuevas pruebas, la investigación se orienta a determinar no solo la mecánica del fraude, sino también el destino final del dinero y el nivel de responsabilidad de cada uno de los implicados.
El avance de la causa, sumado a la aparición de audios, deja en evidencia una tensión difícil de ignorar: mientras el sistema debía sostener a uno de los sectores más vulnerables, las pruebas apuntan a un circuito paralelo en el que Miguel Ángel Calvete aparece como una figura central dentro de un esquema que operaba con reglas propias y sin controles visibles.
