El Gobierno avanza con la privatización de AySA
La administración de Javier Milei confirmó oficialmente el inicio del proceso de privatización de AySA, la empresa estatal de Agua y Saneamientos Argentinos que brinda servicio a más de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y forma parte de la política de desregulación y achicamiento del Estado impulsada por el Poder Ejecutivo.
Según la Resolución 202/2025 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo, se instruye al Comité de Privatizaciones a «iniciar los actos preparatorios tendientes a la transferencia al capital privado de la participación accionaria del Estado Nacional en AySA». La resolución menciona expresamente la necesidad de “mejorar la eficiencia en la prestación del servicio” y de “reducir el gasto público”.
AySA: una empresa estratégica en la mira del ajuste
AySA es una sociedad anónima con mayoría estatal, creada en 2006 tras la salida del grupo Suez en medio de la crisis de concesiones privadas de servicios públicos. La empresa se encarga de la captación, potabilización y distribución de agua, así como de la recolección y tratamiento de líquidos cloacales en una extensa área metropolitana.
Actualmente, AySA opera en 26 partidos del conurbano bonaerense y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cubriendo una superficie de más de 2.000 kilómetros cuadrados. La empresa ha sido históricamente considerada como un servicio esencial e infraestructura crítica por su impacto sanitario y ambiental.
El proceso de privatización de AySa se da en un contexto de fuerte ajuste fiscal y reducción del gasto público. En este sentido, desde el Ejecutivo destacan que la privatización de AySA permitiría descomprimir las transferencias directas del Tesoro y atraer inversiones privadas para ampliar la cobertura del servicio.
Reacciones políticas y sindicales a la privatización de AySA
La decisión generó rechazos inmediatos desde distintos sectores. Legisladores de la oposición advirtieron sobre el posible impacto negativo en las tarifas y la calidad del servicio. Desde el bloque de Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz denunció que «se está entregando un bien público estratégico sin discusión parlamentaria ni consenso social».
Por su parte, el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), que agrupa a los trabajadores de AySA, expresó su “total repudio” a la medida y adelantó que se movilizarán para evitar la privatización. En un comunicado, señalaron que “el agua no es una mercancía, sino un derecho humano básico que debe ser garantizado por el Estado”.
También se manifestaron en contra organizaciones ambientales y de derechos humanos, que advirtieron sobre los antecedentes negativos de gestiones privadas en servicios esenciales, especialmente durante los años ’90.
Un nuevo paso en la política de privatizaciones
La privatización de AySA se suma a otras medidas similares ya impulsadas por el Gobierno, como la autorización de venta de activos del Banco Nación, cuya situación ya generó polémicas recientes por contrataciones cuestionadas vinculadas a la familia Menem.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, aún vigente y parcialmente judicializado, sentó las bases jurídicas para estas transformaciones, al modificar artículos clave de la Ley de Reforma del Estado y autorizar al Ejecutivo a disponer sobre empresas públicas sin pasar por el Congreso.
Según fuentes del Ministerio de Economía, el objetivo es lograr que en el segundo semestre de 2025 se complete el traspaso de AySA al sector privado, aunque el proceso podría demorarse si se presentan medidas judiciales o si no se logran interesados con capacidad técnica y financiera.