Andrés Snitcofsky contó en Minuto Uno que el proyecto surgió a partir de un trabajo conjunto con Sebastián Weisbrod para leer en escala información pública de la Central de Deudores del Banco Central. Esa exploración terminó plasmada en Cuánto Deben, una herramienta que permite seguir la evolución de deudas y detectar saltos bruscos en funcionarios y legisladores.
Según explicó Andrés Snitcofsky, el hallazgo apareció cuando empezaron a ver saltos abruptos en las deudas mensuales, muy por encima de lo que suele corresponder al movimiento habitual de tarjetas. En varios casos, esos picos coincidían con créditos de gran monto que el propio sistema del Banco Central permitía identificar. El tema ganó temperatura cuando la discusión pública sobre préstamos del Banco Nación a funcionarios y legisladores ya estaba instalada.
Ese contexto ya había quedado expuesto en la lista de funcionarios con créditos del Nación.
Andrés Snitcofsky contó cómo nació la herramienta que puso el foco en los créditos de funcionarios
En el programa, Andrés Snitcofsky remarcó que no trabajaron con filtraciones ni con documentos reservados, sino con registros públicos accesibles para cualquier persona que conozca el CUIT del consultado. Lo que hicieron fue convertir una búsqueda dispersa y engorrosa en una visualización más amplia, capaz de mostrar de un vistazo evoluciones de deuda, saltos abruptos y coincidencias temporales con hechos políticos.
Ahí aparece el punto más delicado de la nota. El relevamiento no prueba por sí mismo un delito ni una irregularidad automática, pero sí vuelve visible algo que hasta ahora estaba atomizado: que funcionarios, legisladores y figuras cercanas al poder aparecen con deudas de magnitud que abren preguntas públicas sobre acceso, montos y condiciones. Esa tensión es la que transformó una herramienta de visualización en un tema político.
Snitcofsky incluso aclaró que el objetivo era abrir el debate y no clausurarlo. En su planteo, si no hay irregularidades, los funcionarios deberían poder explicarlas sin problemas. Pero si los datos muestran diferencias tan marcadas entre lo que reciben dirigentes o altos cargos y lo que les ocurre a empleados estatales, docentes o investigadores, entonces la discusión ya no es técnica: pasa a ser institucional y social.
Andrés Snitcofsky mostró cómo se detectan los saltos de deuda en funcionarios
El diseñador explicó que una deuda mensual relativamente estable suele reflejar uso de tarjeta, mientras que un salto muy brusco puede indicar el ingreso de un crédito de otro tipo. En el caso que se mostró al aire, la visualización permitía distinguir esos cambios y también el detalle bancario que, según relató, daba pistas sobre créditos hipotecarios u otras operaciones de alto monto.
— Andrés Snitcofsky: “Son datos públicos. Cuando ves un salto como el que se ve ahí atrás… ese salto es porque accediste a un crédito de algún tipo. La idea de todo este tipo de herramientas es abrir el debate”.
El tramo más sensible llegó cuando el panel vinculó esa información con casos ya discutidos en la agenda pública, como Manuel Adorni, Federico Furiase o Edgardo Kueider. Ahí el enfoque dejó de ser meramente técnico y pasó a un terreno más áspero: el de los privilegios, los montos y las dudas sobre quién puede acceder a determinadas líneas mientras miles de trabajadores dicen ser rechazados por el mismo banco.
Andrés Snitcofsky abrió una discusión más amplia sobre datos públicos y privilegios
La fuerza del planteo de Andrés Snitcofsky no estuvo solo en la herramienta, sino en el contraste que quedó expuesto al aire. Mientras el programa repasaba créditos millonarios y deudas de funcionarios, empezaron a llegar mensajes de docentes, investigadores, empleados públicos y trabajadores bancarios que relataban rechazos, topes y exigencias imposibles para acceder a préstamos mucho menores.
Ese contraste también aparece en el informe sobre créditos millonarios a funcionarios.
Por eso, el impacto del segmento no pasa solo por el caso de un nombre propio. Pasa por algo más profundo: que una lectura sistemática de datos públicos terminó encendiendo una pregunta política incómoda sobre cómo se distribuyen los beneficios del crédito estatal, quiénes logran entrar y quiénes quedan afuera aun cobrando en el mismo banco.
