
La presentación de Argentina ante el Tribunal del Mar busca frenar el comienzo de la explotación petrolera británica en aguas próximas a las Islas Malvinas. El abogado internacionalista Marcelo Kohen, uno de los asesores jurídicos argentinos en el procedimiento, expresó su optimismo ante la resolución prevista para el 28 de noviembre, aunque advirtió que corresponde mantener la cautela. La decisión podría establecer medidas obligatorias para el Reino Unido mientras continúa un arbitraje internacional más amplio sobre los recursos marítimos de los archipiélagos en disputa.
En una entrevista con Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca, por Futurock, Kohen explicó que Argentina trabajó durante meses en una presentación destinada a impedir la explotación unilateral de hidrocarburos. “Nosotros hemos hecho una muy buena presentación. La hemos trabajado durante meses”, señaló. El especialista destacó que el planteo fue delimitado específicamente a cuestiones contempladas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, sin solicitar al Tribunal que resuelva la controversia de soberanía.
El abogado sostuvo que existen fundamentos jurídicos para solicitar la suspensión de las actividades vinculadas con la extracción de petróleo. “Personalmente, yo soy optimista, pero obviamente hay que ser cautos”, afirmó, y recordó que el Tribunal está integrado por 21 jueces de distintas nacionalidades. La expectativa argentina se concentra en una medida provisional que permita impedir el inicio de las operaciones mientras se desarrolla el procedimiento arbitral iniciado contra el Reino Unido.
Argentina ante el Tribunal del Mar: qué puede decidir el 28 de noviembre
La resolución prevista para el 28 de noviembre no determinará la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. El Tribunal deberá examinar si corresponde adoptar medidas provisionales destinadas a proteger los derechos invocados por Argentina durante el desarrollo del arbitraje. Para ello, deberá considerar, entre otras cuestiones, su jurisdicción preliminar y los argumentos presentados por las partes.
Kohen explicó que una eventual decisión favorable tendría carácter obligatorio para el Reino Unido. “La decisión que toma el Tribunal de Derecho del Mar es una decisión de carácter obligatorio”, sostuvo. Precisó que, si los jueces ordenan suspender las actividades de explotación, las autoridades británicas deberán implementar esa disposición, aunque el alcance concreto dependerá de lo que establezca la resolución.
La medida solicitada se concentra especialmente en el proyecto petrolero Sea Lion, vinculado con las empresas Rockhopper y Navitas. Sin embargo, el procedimiento arbitral iniciado por Argentina tiene un alcance mayor, porque comprende actividades británicas relacionadas con los recursos de los espacios marítimos circundantes de los tres archipiélagos. Según explicó Kohen, esa controversia incluye tanto los hidrocarburos como la pesca.
Por qué Argentina busca detener las perforaciones
Uno de los argumentos principales de la presentación argentina es la posibilidad de que la extracción de hidrocarburos produzca consecuencias irreversibles. Kohen distinguió entre los recursos renovables, como los pesqueros, y los recursos no renovables, cuya extracción impide recuperar las reservas utilizadas. Esa diferencia resulta central para fundamentar la urgencia de la medida solicitada.
“Si se perfora la plataforma continental, no se puede volver atrás, ya está perforada”, explicó. También señaló que los Estados tienen derecho a decidir cuándo, cómo y bajo qué condiciones explotan sus recursos naturales, incluso si consideran conveniente reservarlos para el futuro por razones estratégicas. Desde esa perspectiva, la explotación unilateral británica podría afectar decisiones que Argentina considera comprendidas dentro de sus derechos sobre los espacios marítimos en disputa.
El especialista recordó que las actividades británicas de exploración de hidrocarburos tienen antecedentes de varias décadas. Mencionó la misión Shackleton, enviada por el Reino Unido en 1975 para estudiar las posibilidades económicas de las islas, y la posterior resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en diciembre de 1976. Ese documento instó a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continuara el proceso de descolonización.
Kohen también hizo referencia a antecedentes judiciales internacionales relacionados con actividades petroleras en espacios marítimos disputados. Explicó que la jurisprudencia distingue entre operaciones ya iniciadas y nuevas actividades de perforación o explotación, una diferencia que puede resultar relevante al momento de evaluar medidas preventivas. En su interpretación, solicitar la suspensión antes de que comiencen las operaciones de extracción permite plantear con mayor claridad el riesgo de un perjuicio irreversible.
La posición del gobierno de Javier Milei
Durante la entrevista, Mariano Martín consultó a Kohen sobre la política del gobierno de Javier Milei respecto de Malvinas y si los tiempos de la gestión podían influir en la decisión judicial. El abogado evitó pronunciarse sobre las diferencias políticas internas y concentró su respuesta en las herramientas jurídicas utilizadas por Argentina.
“El gobierno ha realizado lo que correspondía hacer, es decir, utilizar la herramienta jurídica disponible”, expresó. Consideró que recurrir al procedimiento arbitral y al Tribunal Internacional del Derecho del Mar constituye una decisión adecuada para defender los intereses nacionales. También aclaró que su participación responde a una perspectiva jurídica y a una concepción del reclamo de soberanía como política de Estado.
Ante la insistencia sobre si Argentina pudo haber iniciado antes estas actuaciones, Kohen recordó que los antecedentes de exploración petrolera se remontan a varias décadas. Sin embargo, explicó que la proximidad de la explotación comercial introduce una circunstancia diferente, especialmente por el carácter no renovable de los recursos involucrados. Según su análisis, los jueces deben resolver sobre la base del derecho internacional y del comportamiento de las partes, no de las consideraciones políticas internas de cada país.
El argumento británico y los límites del Tribunal
El Reino Unido cuestionó la competencia del Tribunal para intervenir en una controversia que, según su posición, está vinculada con la disputa de soberanía territorial. Kohen explicó que la estrategia argentina consiste precisamente en distinguir ambas cuestiones: mientras la soberanía continúa sin resolverse, Argentina solicita medidas relacionadas con las obligaciones previstas en la Convención sobre el Derecho del Mar.
El abogado sostuvo que la presentación británica se concentró en objetar la jurisdicción del Tribunal. También indicó que el Reino Unido incorporó argumentos sobre posibles perjuicios económicos para las compañías involucradas en el proyecto petrolero. Frente a ese planteo, remarcó que el procedimiento enfrenta jurídicamente a dos Estados y no constituye un arbitraje de inversiones destinado a resolver reclamos empresariales.
Kohen señaló, además, que el Reino Unido participó de la etapa oral y presentó testimonios vinculados con las actividades previstas en las islas. Según su interpretación, la argumentación británica sobre la falta de competencia implica reconocer la existencia de una controversia de soberanía. Se trata de una valoración del abogado argentino sobre la estrategia jurídica de Londres, no de una conclusión establecida por el Tribunal.
Las sanciones a empresas y la obligación del Reino Unido
Otra de las consultas estuvo relacionada con las posibles sanciones contra empresas que participen en la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina. Kohen explicó que existen disposiciones legales y actuaciones judiciales nacionales, pero distinguió esas herramientas de la posibilidad de obtener una orden internacional dirigida al Reino Unido.
El especialista advirtió que las sanciones empresariales, por sí solas, no necesariamente permiten impedir físicamente las operaciones. La razón es que el Reino Unido mantiene el control efectivo de las islas y de los espacios marítimos desde los que se desarrollan las actividades cuestionadas. Por eso, consideró que el recurso ante el Tribunal constituye una vía jurídica para intentar detener la explotación mediante una obligación impuesta al Estado británico.
Argentina solicitó distintas medidas provisionales, entre ellas la suspensión de las actividades relacionadas con Sea Lion, disposiciones de protección ambiental y restricciones destinadas a evitar que se agrave la controversia. Kohen aclaró que los jueces no están obligados a adoptar exactamente las medidas propuestas y pueden determinar otras que consideren apropiadas dentro de sus competencias.
La resolución prevista para el 28 de noviembre establecerá si corresponde disponer medidas provisionales y, en caso afirmativo, cuál será su alcance. El procedimiento arbitral sobre las actividades británicas en los espacios marítimos continuará por separado, mientras permanece pendiente la controversia de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.
