
El caso de Ueno Bank y funcionarios argentinos quedó bajo la lupa después de que el periodista Adrián Murano revelara que una investigación preliminar en Paraguay busca determinar si determinados clientes retiraron sus fondos antes de la intervención de la entidad bancaria. Según la información que difundió, aproximadamente mil ahorristas argentinos habrían tenido depósitos en el banco y una parte considerable habría conseguido recuperar su dinero antes de las restricciones. Entre esos clientes podrían encontrarse al menos tres funcionarios vinculados con el gobierno de Javier Milei, aunque no se difundieron identidades ni documentación que permita confirmar su participación en operaciones irregulares.
Durante su intervención en Verdades Afiladas, por El Destape 1070, Murano explicó que las sospechas se concentran en la posibilidad de que algunos depositantes hayan recibido información anticipada sobre la situación financiera de la entidad. “Ahora lo que se está investigando es quién la sacó a tiempo, quién contó con la información privilegiada para retirarse antes de la caída del Buen o Bank”, señaló, en referencia a Ueno Bank. El periodista sostuvo que los clientes argentinos involucrados en las versiones manejaban importantes sumas de dinero y que las condiciones ofrecidas por el banco habían despertado interés por sus elevadas tasas de rendimiento.
La información adquiere relevancia política por la presunta presencia de funcionarios argentinos entre quienes habrían retirado fondos antes de la intervención. Sin embargo, Murano aclaró que se trata de datos preliminares y que todavía no existe una identificación pública de los supuestos involucrados. La posibilidad de que determinados depositantes hayan actuado con información privilegiada constituye una hipótesis que requiere establecer quiénes realizaron las operaciones, cuándo ocurrieron y qué conocimiento tenían sobre la situación del banco.
Ueno Bank y funcionarios argentinos: qué se investiga sobre los retiros
La crisis de Ueno Bank derivó en la intervención de la entidad por parte de las autoridades monetarias paraguayas. En ese contexto comenzaron a surgir cuestionamientos sobre movimientos de fondos realizados durante los días anteriores, especialmente aquellos que podrían haber permitido a determinados clientes evitar las consecuencias de las restricciones posteriores. La investigación busca esclarecer si existieron filtraciones de información reservada y si esas comunicaciones favorecieron a personas con capacidad económica o vínculos políticos.
Murano afirmó que las primeras averiguaciones habrían detectado aproximadamente mil clientes argentinos relacionados con el banco. Según su relato, casi todos habrían logrado retirar sus depósitos antes de que se aplicaran las restricciones, aunque no presentó un listado oficial ni precisó los montos individuales. El dato debe considerarse una versión periodística pendiente de corroboración documental, especialmente por la cantidad de personas mencionadas y las posibles consecuencias jurídicas de las operaciones.
La revelación más sensible estuvo relacionada con los supuestos funcionarios argentinos. “A mí me hablan de tres funcionarios”, expresó el periodista durante el intercambio con sus compañeros. Ante las preguntas sobre las áreas del Gobierno a las que podrían pertenecer, evitó identificar ministerios, cargos o nombres concretos, por lo que no existen elementos suficientes para atribuir participación en estas maniobras a una persona determinada.
La información privilegiada y las posibles responsabilidades
El aspecto central de las averiguaciones consiste en establecer si los retiros fueron operaciones bancarias habituales o si determinados clientes actuaron después de recibir información reservada sobre la situación de Ueno Bank. Retirar fondos antes de una intervención no constituye, por sí mismo, una irregularidad. Para determinar posibles responsabilidades sería necesario comprobar la existencia de información confidencial, su transmisión a los depositantes y las circunstancias concretas en las que se realizaron las operaciones.
Durante la conversación también se planteó la diferencia entre las eventuales consecuencias judiciales en Paraguay y las obligaciones que podrían alcanzar a funcionarios públicos argentinos. Murano señaló que, además de las investigaciones sobre el origen de la información, podría resultar relevante comprobar si las inversiones estaban correctamente consignadas en las declaraciones juradas patrimoniales de quienes estuvieran obligados a presentarlas. Esa posibilidad no implica que se haya constatado una omisión ni que exista una imputación penal contra alguno de los funcionarios mencionados.
El periodista también hizo referencia a pedidos de información sobre presuntos movimientos de aeronaves entre Paraguay y el aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. Según su exposición, las sospechas apuntarían a posibles traslados de dinero o documentación vinculados con la crisis bancaria. No obstante, la transcripción no identifica vuelos concretos, matrículas, pasajeros ni registros oficiales que permitan confirmar esos desplazamientos o relacionarlos directamente con los retiros investigados.
La crisis paraguaya y sus posibles repercusiones políticas
El episodio bancario se produjo en medio de una crisis política en Paraguay, donde la situación de Ueno Bank generó cuestionamientos sobre las responsabilidades de las autoridades y las decisiones adoptadas frente a los problemas de la entidad. El caso adquirió dimensión institucional por las actuaciones posteriores a la intervención y por los interrogantes sobre las relaciones entre el sistema financiero y los sectores políticos.
En su análisis, Murano vinculó las posibles revelaciones con las tensiones que atraviesa el gobierno argentino. Consideró que la identificación de funcionarios beneficiados por información anticipada podría generar un conflicto político, especialmente si se comprobara que utilizaron datos reservados para proteger inversiones personales. Sin embargo, esa consecuencia depende de hechos que todavía no se encuentran acreditados respecto de los supuestos funcionarios mencionados.
El periodista y sus compañeros también debatieron si una eventual participación de integrantes del Poder Ejecutivo debería provocar renuncias o investigaciones judiciales en Argentina. La discusión incluyó las obligaciones de transparencia patrimonial y las diferencias entre una conducta políticamente cuestionable y una infracción establecida por la Justicia. Ninguna de esas hipótesis permite anticipar responsabilidades individuales mientras no se conozcan los resultados de las actuaciones correspondientes.
Por el momento, la información difundida por Murano plantea interrogantes sobre los movimientos de fondos anteriores a la intervención de Ueno Bank y la eventual presencia de clientes argentinos con vínculos gubernamentales. La identificación de los depositantes, la documentación bancaria y la comprobación de posibles filtraciones serán determinantes para establecer si existieron irregularidades. Hasta que esos elementos sean confirmados, la supuesta participación de tres funcionarios del gobierno de Milei permanece en el terreno de las versiones periodísticas y no puede considerarse un hecho demostrado.
