El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue destituido el viernes 6 de noviembre de 2026 mediante un juicio político y quedó detenido en el marco de una investigación por el colapso de Ueno Bank, entidad financiera cuya crisis dejó a millones de clientes con dificultades para acceder a su dinero. El Senado aprobó su remoción con los votos de los 44 legisladores presentes y, al día siguiente, la Justicia ordenó su prisión preventiva. Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente, asumió la conducción del país.
La relación entre Santiago Peña y Ueno Bank quedó bajo investigación por los vínculos comerciales que el exmandatario mantuvo con el grupo financiero y las presuntas irregularidades en la colocación de fondos públicos durante su gestión. La crisis bancaria provocó manifestaciones, detenciones de directivos y una disputa política dentro del Partido Colorado, mientras el Banco Central comenzó a devolver depósitos mediante el sistema de garantía previsto por la legislación paraguaya.
El escándalo fue analizado en el programa Un Mundo de Sensaciones, que dedicó una extensa columna a reconstruir la caída presidencial, la situación de los ahorristas, el peso político del expresidente Horacio Cartes y las movilizaciones que exigieron responsabilidades más allá de la salida de Peña.
La crisis se precipitó cuando los clientes de Ueno Bank comenzaron a enfrentar restricciones para retirar sus ahorros y utilizar sus cuentas. La entidad había experimentado un crecimiento acelerado y llegó a reunir aproximadamente tres millones de clientes, aunque esa cifra no equivale necesariamente a la cantidad de personas con depósitos pendientes de devolución.
El Banco Central del Paraguay dispuso el 2 de noviembre el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, anunciado públicamente al día siguiente. La decisión se adoptó después de constatar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo legal requerido, tras ajustes realizados a sus estados financieros.
La medida buscó proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero. Sin embargo, la inmovilización de las cuentas afectó las operaciones cotidianas de numerosas familias, trabajadores y comercios, y desencadenó una crisis que rápidamente alcanzó al Gobierno.
Santiago Peña y Ueno Bank: del colapso financiero a la destitución presidencial
El escándalo adquirió dimensión política por las relaciones entre el banco, las autoridades regulatorias y dirigentes del oficialismo paraguayo.
Peña había declarado participaciones accionarias en Ueno Holding por un valor superior a 6.000 millones de guaraníes. Según la documentación difundida durante la investigación, se desprendió de esas acciones entre marzo y abril de 2025, cuando ya ejercía la presidencia.
Los fiscales investigan si el exmandatario intervino en decisiones relacionadas con la colocación y permanencia de recursos públicos en Ueno Bank, pese a sus anteriores vínculos comerciales con el grupo.
La causa incluye presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. Peña rechaza las acusaciones y sostiene su inocencia.
La investigación también alcanzó a Carlos Carvallo, quien renunció a la presidencia del Banco Central paraguayo el 3 de noviembre, a pedido del entonces mandatario. Carvallo había estado al frente de Ueno antes de asumir sus responsabilidades en el organismo regulador.
Posteriormente, el exfuncionario fue detenido e imputado por presuntos delitos económicos, entre ellos lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos falsos.
Las actuaciones judiciales también involucraron a directivos y empresarios vinculados al grupo financiero, incluido Miguel Vázquez, una de las figuras centrales del conglomerado empresarial investigado.
Durante el informe de Un Mundo de Sensaciones, los participantes repasaron la expansión de los negocios relacionados con Vázquez, que abarcaban actividades financieras, tecnológicas, deportivas y de comunicación. Ese crecimiento fue presentado como parte del debate sobre los vínculos entre grandes grupos económicos y dirigentes políticos paraguayos.
La situación de Peña se agravó cuando el Congreso avanzó con el juicio político por mal desempeño de sus funciones. Aunque el mandatario había presentado su renuncia, el Senado continuó con el procedimiento y resolvió destituirlo el viernes 6 de noviembre.
Ese mismo día, la Fiscalía ordenó su detención y agentes policiales se presentaron en su domicilio para notificarle la medida.
El sábado 7, después de su comparecencia ante el Ministerio Público, el juez de Garantías Humberto Otazú decretó su prisión preventiva y dispuso que permaneciera recluido en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción.
El establecimiento es una dependencia militar que no cuenta con instalaciones penitenciarias convencionales. El expresidente permanece alojado en una habitación destinada habitualmente al personal del regimiento.
La prisión preventiva es una medida cautelar destinada a garantizar su sometimiento al proceso judicial. No constituye una condena ni implica que los delitos investigados hayan sido demostrados.
Las protestas y el reclamo de los ahorristas
Las manifestaciones populares ocuparon un lugar central en la columna de Un Mundo de Sensaciones. El programa mostró imágenes de ciudadanos que reclamaban la restitución de su dinero y exigían responsabilidades políticas por el colapso financiero.
Uno de los aspectos destacados por los periodistas fue la resistencia de los manifestantes a que la crisis terminara únicamente con la renuncia presidencial.
Durante el informe se recuperaron declaraciones de la periodista paraguaya Estela Ruiz Díaz, quien había advertido sobre una posible salida negociada dentro del oficialismo.
“Entonces lo que quieren hacer ahora es aceptar la renuncia y aquí no pasó nada”, sostuvo al referirse a las alternativas que se discutían antes de la destitución.
Ruiz Díaz planteó que una renuncia podía permitir al Partido Colorado preservar parte de su estructura de poder y limitar las consecuencias institucionales del escándalo. Su interpretación se produjo antes de que el Senado resolviera apartar a Peña.
La columna también incorporó declaraciones de Efraín Alegre Junior, dirigente opositor paraguayo, quien reclamó investigar a todas las personas que pudieran estar involucradas en las operaciones financieras cuestionadas.
“Esto no es cosa de Peña y terminó”, afirmó al señalar que las responsabilidades podían extenderse a integrantes del Parlamento, autoridades regulatorias y directivos de organismos públicos.
Alegre también describió las dificultades que atravesaban los afectados por las restricciones bancarias y relató situaciones de personas que no podían disponer de recursos para comprar alimentos.
“Yo no le pido calma a nadie, mi amigo”, respondió cuando fue consultado sobre el clima de las manifestaciones.
Más adelante, sintetizó su reclamo: “Lo que yo pido es justicia, es consecuencias”.
Las intervenciones reflejaron el malestar social generado por la crisis, aunque las acusaciones formuladas por los dirigentes y periodistas deben distinguirse de los hechos efectivamente acreditados por la investigación judicial.
Horacio Cartes y la disputa por el control del Partido Colorado
La destitución de Peña también abrió una nueva etapa en las disputas internas del Partido Colorado, la fuerza que conserva el control del Poder Ejecutivo paraguayo.
En Un Mundo de Sensaciones, los participantes analizaron especialmente la influencia del expresidente Horacio Cartes, referente de Honor Colorado y figura central de la estructura oficialista.
El programa examinó las diferencias que habían surgido entre Cartes, Peña y Pedro Alliana, así como las negociaciones políticas que acompañaron el proceso de destitución.
Una de las hipótesis debatidas fue que la salida de Peña podía permitir al Partido Colorado reorganizar su conducción sin perder el Gobierno.
La asunción de Alliana respondió al mecanismo constitucional de sucesión presidencial. El nuevo mandatario deberá completar el período de gobierno previsto hasta agosto de 2028.
Su administración quedó frente a un escenario complejo, marcado por la necesidad de restablecer el acceso a los depósitos, recuperar la confianza en el sistema financiero y afrontar las consecuencias políticas del escándalo.
Durante la columna también se mencionaron los nombres de Basilio Núñez y Antonio Barrios, dirigentes vinculados al oficialismo paraguayo, al analizar la reorganización del poder y las relaciones entre los distintos sectores colorados.
El peso político de Cartes forma parte del contexto institucional, pero las interpretaciones sobre sus motivaciones y eventuales acuerdos internos corresponden al análisis de los participantes del programa y no constituyen pruebas de participación en las irregularidades investigadas.
Cuánto dinero recuperaron los clientes de Ueno Bank
La devolución de los depósitos se convirtió en una de las principales prioridades de las autoridades paraguayas.
El Banco Central activó el Fondo de Garantía de Depósitos, cuya cobertura legal alcanza hasta 228.300.000 guaraníes por depositante y entidad financiera, conforme a las condiciones previstas por la legislación vigente.
El primer grupo de pagos, anunciado el 5 de noviembre, comprendió a clientes con depósitos de hasta 10 millones de guaraníes, sin deudas con Ueno Bank y con cuentas habilitadas en otras entidades financieras.
El organismo explicó que las personas incluidas en esa etapa recibirían la totalidad de sus depósitos si no superaban el límite establecido.
Según los datos difundidos durante el avance del procedimiento, las autoridades habían transferido aproximadamente 160 millones de dólares a cerca de 1,2 millones de ahorristas mediante el esquema de garantía.
La cifra corresponde a pagos realizados y no significa que la totalidad de los clientes registrados haya recuperado sus fondos.
El proceso continúa organizado por etapas, mientras se evalúan los activos y las obligaciones de la entidad intervenida.
Durante Un Mundo de Sensaciones, los periodistas también advirtieron sobre el impacto económico del cierre para pequeños comerciantes, trabajadores y empresas que utilizaban sus cuentas para pagar salarios, proveedores y gastos habituales.
La crisis afectó operaciones cotidianas y generó incertidumbre entre las personas que todavía no habían recuperado el acceso a sus ahorros.
Una crisis que continúa después de la caída presidencial
El reemplazo de Santiago Peña por Pedro Alliana garantizó la continuidad institucional del Ejecutivo paraguayo, pero no resolvió las investigaciones judiciales ni las dificultades financieras provocadas por el colapso de Ueno Bank.
La crisis también puso bajo discusión los vínculos entre el poder político y los grandes grupos empresariales, especialmente por las operaciones con fondos públicos y la actuación de las autoridades encargadas de supervisar el sistema bancario.
Mientras el expresidente permanece bajo prisión preventiva, la Justicia deberá determinar las responsabilidades individuales de los funcionarios y empresarios investigados.
Para los ahorristas, en cambio, la prioridad inmediata continúa siendo la recuperación de su dinero y el restablecimiento de las operaciones financieras.
La destitución de Peña marcó un desenlace institucional extraordinario, pero el conflicto que precipitó su caída sigue abierto. Su resolución dependerá tanto del avance de las investigaciones como de la capacidad de las autoridades para devolver los depósitos y restablecer la confianza en el sistema financiero paraguayo.