El periodista Jorge Rial denunció presuntos negocios vinculados con la visita del papa León XIV a la Argentina y apuntó contra las contrataciones millonarias realizadas por el gobierno de Javier Milei. Las contrataciones de la misa del Papa, entre ellas una adjudicación directa de $8.690 millones a DF Entertainment, quedaron en el centro de sus cuestionamientos, junto con la participación de empresas relacionadas con integrantes de la familia Menem y los servicios exclusivos destinados a invitados especiales.
En una edición especial de Ensalada Rusa, difundida a través de su canal de YouTube, Rial analizó los gastos de la ceremonia celebrada el lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires. El periodista cuestionó la instalación de carpas VIP para famosos, empresarios y funcionarios, pero concentró sus denuncias en los contratos utilizados para organizar el evento y en las responsabilidades que atribuyó a distintos sectores del Gobierno.
“Hicieron negocio con el Papa”, afirmó al cuestionar que una celebración religiosa multitudinaria incluyera espacios reservados con servicios especiales y contrataciones estatales de gran magnitud.
La misa reunió a millones de fieles, muchos de los cuales llegaron con varias horas de anticipación para conseguir un lugar cercano al altar. Mientras tanto, un grupo de invitados especiales accedió a sectores preferenciales con mobiliario, climatización, baños acondicionados y catering.
Rial utilizó ese contraste para cuestionar los privilegios concedidos durante una ceremonia en la que León XIV insistió en la dignidad humana, la solidaridad y la necesidad de colocar la economía al servicio de las personas.
Sin embargo, el centro de su editorial no estuvo solamente en las comodidades de los invitados. El periodista sostuvo que detrás de la organización existían contrataciones que debían investigarse y mencionó a empresarios y funcionarios a los que atribuyó participación en distintos servicios del evento.
Las contrataciones de la misa del Papa y las denuncias de Jorge Rial
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a DF Entertainment, la productora vinculada al empresario Diego Finkelstein que recibió una adjudicación de $8.690 millones para la producción integral de la misa y la vigilia de jóvenes.
La contratación fue realizada por la Jefatura de Gabinete de la Nación mediante una compulsa abreviada por urgencia, identificada con el número 79-0012-CDI26 en el sistema oficial COMPR.AR.
El procedimiento comenzó el 14 de octubre y culminó con una adjudicación formalizada el 23 de ese mes. Aunque fueron invitadas tres empresas, solamente DF Entertainment presentó una oferta.
El contrato contempló distintos servicios necesarios para desarrollar las actividades, entre ellos estructuras, carpas, seguridad, control de accesos, equipamiento, limpieza, mobiliario y catering.
Los $8.690 millones corresponden a esa contratación integral y no exclusivamente a los sectores VIP. La documentación no permite determinar cuánto dinero se destinó específicamente a la carpa reservada para celebridades y autoridades.
Durante su editorial, Rial cuestionó especialmente la utilización del procedimiento de urgencia, al considerar que la visita papal había sido anunciada con suficiente anticipación para organizar las contrataciones mediante otros mecanismos.
“Una contratación directa que es escandalosa por donde se la mire”, expresó.
La contratación directa por urgencia está contemplada en la normativa argentina. Su utilización no implica automáticamente una irregularidad, aunque las circunstancias que justificaron recurrir a ese procedimiento pueden ser objeto de controles administrativos y judiciales.
El periodista también mencionó otras adjudicaciones para servicios relacionados con la visita, ampliando sus cuestionamientos hacia el conjunto de los recursos destinados al acontecimiento.
Tech Security y los vínculos empresariales con la familia Menem
Otro de los puntos centrales del editorial estuvo relacionado con los servicios de seguridad privada utilizados durante la ceremonia.
Rial mencionó a Tech Security, una empresa vinculada societariamente con integrantes de la familia Menem, y reclamó que se investigara su participación en el operativo.
“Hay que también revisar los contratos con Tech Security que es la empresa de Menem”, sostuvo.
La firma tiene entre sus socios a Fernando y Adrián Menem, hermanos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Este último cedió su participación societaria en diciembre de 2023, antes de asumir la presidencia de la Cámara baja.
Durante la misa fueron registradas imágenes de personal identificado con Tech Security en sectores vinculados con la organización y las acreditaciones.
Sin embargo, la documentación pública disponible no permite establecer con precisión las condiciones de su contratación para el evento ni cuánto dinero habría percibido por los servicios prestados.
La adjudicación principal corresponde a DF Entertainment, por lo que resulta necesario conocer los acuerdos que la productora pudo haber celebrado con otras firmas para cumplir las prestaciones previstas.
Rial también cuestionó las contrataciones de baños químicos y estructuras utilizadas durante la misa. En ese tramo señaló a un funcionario porteño del área de Deportes, al que atribuyó presuntos vínculos comerciales con esos servicios.
No obstante, esas acusaciones no cuentan todavía con documentación independiente suficiente para identificar adjudicaciones, empresas beneficiarias o pagos específicos.
Las carpas VIP y los 4.000 acreditados
La controversia también alcanzó a los invitados especiales que asistieron a la misa de León XIV.
Rial mencionó a Pampita, Valeria Mazza, Yanina Latorre, Florencia de la V, Claudia Villafañe y otras figuras del espectáculo que participaron de la celebración.
El periodista cuestionó que esas personalidades pudieran acceder a espacios acondicionados mientras una multitud esperaba al aire libre para acercarse al pontífice.
“Los políticos armando un sector VIP para los famosos mientras el pueblo afuera intentaba llegar hasta el Papa”, expresó.
El pliego de contratación contemplaba la acreditación de hasta 4.000 participantes VIP y la instalación de 3.500 sillas destinadas a sectores preferenciales.
También incluía una carpa especial con capacidad para aproximadamente 250 personas, equipada con aire acondicionado, baños y servicio de catering.
Esas cifras corresponden a prestaciones diferentes y no significan que los 4.000 acreditados hayan ocupado una misma carpa.
La distribución de invitaciones generó versiones contrapuestas entre funcionarios nacionales y porteños.
Desde el Gobierno nacional sostuvieron que las celebridades no habían sido invitadas por la Casa Rosada. En tanto, desde la Ciudad señalaron que contaban con un cupo de invitaciones y que las instalaciones y el catering estaban contemplados en la organización nacional.
La contratación de esos servicios por parte de Nación está documentada, pero todavía resta esclarecer quién confeccionó la totalidad de los listados, qué criterios se aplicaron para seleccionar a los invitados y cómo se distribuyeron los costos entre los distintos organismos y eventuales aportantes privados.
Los pedidos de informes y la denuncia penal por las contrataciones
Los cuestionamientos por los gastos y los sectores preferenciales también llegaron al Congreso.
El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique las contrataciones realizadas durante la visita de León XIV, los criterios utilizados para distribuir las acreditaciones y el financiamiento de los servicios exclusivos.
La iniciativa solicita conocer los proveedores, los costos específicos del catering, las carpas y otros servicios, además de las razones administrativas que justificaron utilizar procedimientos de contratación directa.
Por su parte, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal vinculada con las adjudicaciones y las eventuales subcontrataciones de servicios de seguridad y limpieza.
Entre los puntos que pidió investigar aparecen la participación de Tech Security y los posibles vínculos de otras empresas proveedoras con integrantes de la familia Menem.
La presentación judicial busca esclarecer esas relaciones y determinar si existieron irregularidades. Su existencia no constituye, por sí misma, una comprobación de delitos ni establece responsabilidades penales.
Los planteos legislativos y judiciales trasladaron la discusión desde los privilegios de los invitados hacia el control de los fondos públicos utilizados en la organización.
El contraste con el mensaje de León XIV y la reacción de la Iglesia
En otro tramo de su editorial, Rial aseguró que existía malestar entre sectores eclesiásticos por la utilización de espacios exclusivos durante la celebración.
También mencionó la posibilidad de que se difundiera un comunicado de repudio, aunque reconoció que ese pronunciamiento todavía no se había publicado al momento de grabar.
Por separado, trascendió que representantes de la Conferencia Episcopal habían solicitado que las carpas preferenciales se ubicaran lo más alejadas posible del altar.
El periodista relacionó la controversia con los discursos de León XIV sobre la dignidad de las personas, la atención a los sectores vulnerables y la responsabilidad social de quienes ejercen funciones públicas o empresariales.
En ese contexto, formuló una de sus acusaciones más contundentes: “Esto es corrupción. Esto es choreo”.
La expresión refleja la gravedad de los señalamientos formulados por Rial, aunque las responsabilidades legales deben establecerse mediante las investigaciones y la documentación correspondiente.
La organización de la misa dejó así una controversia que va más allá de la presencia de famosos en sectores preferenciales. La existencia de contrataciones millonarias, una adjudicación directa por urgencia y servicios especiales financiados dentro de un operativo estatal plantea interrogantes concretos sobre los proveedores y los mecanismos de control.
Las respuestas a los pedidos de informes y el avance de las actuaciones judiciales serán fundamentales para reconstruir las contrataciones, identificar las eventuales subcontrataciones y determinar cómo se utilizaron los recursos.
La denuncia de Jorge Rial puso el foco en una cuestión que todavía requiere explicaciones documentales: quiénes participaron de los contratos de la visita papal, cuánto cobraron por sus servicios y qué controles se aplicaron sobre el dinero destinado a organizar uno de los acontecimientos religiosos más multitudinarios del país.