Investigación judicial en River

Daniel Passarella irá a juicio junto a otros 30 acusados por presuntas defraudaciones en River

El expresidente de River Plate enfrentará un juicio oral junto con otros 30 imputados por presuntas maniobras fraudulentas durante su gestión. La investigación abarca reventa de entradas, operaciones con futbolistas, contrataciones y vínculos con la barrabrava.

El juicio a Daniel Passarella por presuntas defraudaciones en River Plate involucra a 31 acusados
Daniel Passarella, expresidente de River Plate, enfrentará un juicio oral junto a otros 30 acusados por presuntas maniobras fraudulentas durante su gestión.

El juicio a Daniel Passarella comenzará el 15 de febrero de 2027 y tendrá como acusados al expresidente de River Plate y a otras 30 personas por presuntas maniobras de defraudación vinculadas con la administración del club entre 2009 y 2013. La causa se inició a partir de la denuncia de un socio que descubrió que su ubicación en la tribuna había sido vendida también a otra persona. Con el avance de la investigación, el expediente incorporó operaciones económicas, contratos comerciales y supuestas irregularidades en servicios y obras del estadio Monumental.

El periodista Gustavo Grabia reconstruyó los principales aspectos de la causa durante una intervención televisiva en la que presentó fragmentos de escuchas telefónicas y documentación judicial. Según explicó, la acusación alcanza a exdirigentes, empresarios, integrantes de la barrabrava y funcionarios policiales que habrían participado en distintas operaciones para obtener beneficios económicos mediante recursos y contratos de River.

La denuncia por una entrada que abrió una investigación millonaria

El origen de la causa se remonta al 23 de junio de 2012, cuando River disputó ante Almirante Brown el partido que le permitió regresar a Primera División. Un socio llegó al estadio junto con su esposa y su hijo y descubrió que las ubicaciones que había adquirido estaban ocupadas por otras personas. Los ocupantes también tenían entradas para los mismos asientos, pero obtenidas mediante un circuito de localidades de protocolo.

El damnificado intentó resolver el problema con personal del club, aunque finalmente tuvo que observar el encuentro desde otro sector. Al día siguiente presentó una denuncia por estafa que dio lugar a una investigación judicial sobre el sistema de distribución de entradas. Las escuchas telefónicas y el análisis de documentación permitieron ampliar las actuaciones hacia otras operaciones comerciales y administrativas realizadas durante la presidencia de Passarella.

La reventa de entradas y los negocios atribuidos a la barrabrava

Una de las maniobras investigadas consistía en la presunta entrega de localidades a integrantes de Los Borrachos del Tablón para su posterior comercialización. Grabia explicó que la acusación describe un sistema mediante el cual se aprovechaban entradas correspondientes a socios que habitualmente no concurrían al estadio. Esas ubicaciones podían ser ofrecidas a terceros y generar conflictos cuando sus titulares decidían asistir a partidos importantes.

Según la reconstrucción periodística, la organización contaba con una estructura de revendedores que operaban en las inmediaciones del Monumental y en oficinas utilizadas para comercializar localidades de mayor valor. Grabia mencionó un grupo de 57 personas dedicadas a la reventa, además de espacios utilizados para distribuir entradas y recaudar dinero. También sostuvo que la barrabrava disponía de palcos y que parte de las operaciones se coordinaban dentro de instalaciones del propio club.

El periodista presentó fragmentos de conversaciones telefónicas que, según indicó, forman parte del requerimiento de elevación a juicio. En uno de los intercambios mencionados, Matías Goñi, integrante de la barrabrava, discutía con un interlocutor vinculado con la administración de entradas sobre las dificultades para reservar localidades de socios. La conversación aludía a la empresa Top Show, encargada del sistema de canje, y a la necesidad de organizar mejor la disponibilidad de ubicaciones.

En otro tramo, uno de los interlocutores detallaba la cantidad y los sectores de las entradas que serían entregadas. “Hoy te doy 100 de San Martín, 100 de Belgrano y 300 populares”, señaló Grabia al reproducir el contenido de la conversación, según la transcripción disponible. Para el periodista, esos intercambios muestran una coordinación sostenida entre personas relacionadas con el club y miembros de la barrabrava, aunque la responsabilidad penal de cada imputado deberá establecerse durante el juicio.

Cheques a jugadores y firmas bajo sospecha

La investigación también alcanzó operaciones económicas vinculadas con futbolistas que habían pasado por River. Según explicó Grabia, la acusación incluye cheques emitidos a nombre de jugadores que ya no integraban el plantel y que, en algunos casos, se encontraban jugando en el exterior. La hipótesis judicial apunta a que esos documentos habrían sido utilizados para retirar dinero mediante endosos presuntamente irregulares.

Uno de los ejemplos presentados fue el del futbolista Carlos Sánchez. Durante la exposición televisiva se exhibieron reproducciones de cheques y de un contrato firmado por el jugador para comparar las firmas. Grabia señaló diferencias visibles entre los documentos y explicó que Sánchez había declarado no haber recibido determinados pagos que aparecían registrados en la contabilidad del club.

La presentación también mencionó operaciones relacionadas con otros futbolistas y representantes. Entre los nombres citados apareció Jonathan Fabbro, cuya vinculación contractual con River fue señalada como uno de los casos incluidos en la investigación. El periodista sostuvo que las irregularidades atribuidas a este circuito abarcarían operaciones correspondientes a 26 jugadores, una cifra vinculada con los alcances de la documentación y las acusaciones judiciales.

Las diferencias entre las firmas contractuales y los endosos constituyen indicios cuya valoración corresponde al tribunal. Del mismo modo, la existencia de pagos registrados a nombre de jugadores no permite establecer por sí sola quién recibió finalmente los fondos ni la responsabilidad individual de cada acusado.

Recitales, contrataciones y presuntas obras inexistentes

Otro capítulo del expediente comprende los contratos comerciales relacionados con espectáculos realizados en el estadio Monumental. Grabia recordó el conflicto con la productora Time For Fun, que había celebrado acuerdos con River para la organización de recitales. Según su exposición, la administración del club habría comprometido fechas mediante contratos incompatibles, lo que derivó en un litigio comercial y una obligación económica para la institución.

La acusación también examina facturaciones por servicios de limpieza y seguridad relacionados con espectáculos. El periodista sostuvo que determinados contratos establecían que esas tareas debían ser asumidas por las productoras, pero que igualmente aparecieron pagos a empresas por prestaciones cuya realización fue cuestionada. Como ejemplo, mostró una factura vinculada con un recital de Justin Bieber y señaló que existían otros documentos correspondientes a diferentes espectáculos.

Las presuntas irregularidades no se limitaron a los recitales. Según la reconstrucción de Grabia, el expediente incluye contrataciones por refacciones del Monumental, estudios técnicos y tareas de infraestructura cuya ejecución fue cuestionada durante la investigación. Entre las empresas mencionadas apareció MMB Construcciones, relacionada con facturas que, de acuerdo con la acusación, no tendrían correspondencia con trabajos efectivamente realizados.

El periodista describió un conjunto de contrataciones directas, supuestos sobreprecios y posibles servicios inexistentes. Durante el debate oral deberá determinarse qué prestaciones fueron realizadas, cuáles resultaron justificadas y si existieron perjuicios económicos atribuibles penalmente a los imputados.

Los vínculos investigados entre la barrabrava y funcionarios policiales

La causa también incluye un capítulo relacionado con el presunto control interno de la barrabrava mediante amenazas y la intervención de integrantes de las fuerzas de seguridad. Grabia mencionó a Martín Araujo y Guillermo Godoy, conocido como Caverna, entre los referentes de Los Borrachos del Tablón durante el período investigado. Según su exposición, algunos funcionarios policiales habrían intervenido en conflictos entre integrantes de la organización.

Uno de los episodios relatados involucró a un barrabrava conocido como Pato Ariel, quien mantenía diferencias con otros dirigentes del grupo. De acuerdo con las conversaciones incorporadas al expediente y reproducidas por Grabia, habría recibido amenazas relacionadas con la posibilidad de que le colocaran drogas y armas en su vehículo para incriminarlo penalmente si no aceptaba determinadas condiciones.

El periodista también presentó fragmentos de un intercambio telefónico atribuido al policía Alejandro Rivaud y a Martín Araujo. En esa conversación, el funcionario habría relatado el encuentro mantenido con el integrante de la barrabrava y las presiones ejercidas durante la intervención. La acusación investiga si existió una utilización indebida de recursos policiales para favorecer intereses particulares dentro de la organización.

La participación de funcionarios de seguridad introduce una dimensión diferente de las presuntas irregularidades económicas, porque extiende el expediente hacia posibles mecanismos de intimidación y control de la barrabrava. Los hechos descriptos surgen de las actuaciones judiciales presentadas en la cobertura y deberán ser evaluados durante el juicio.

El juicio oral y las responsabilidades que deberá resolver la Justicia

El debate oral está previsto para el 15 de febrero de 2027 y comprenderá a 31 personas vinculadas con diferentes aspectos de la investigación. Entre las figuras centrales se encuentra Daniel Alberto Passarella, cuya responsabilidad como presidente del club durante el período investigado será examinada junto con las conductas atribuidas a otros exdirigentes y participantes de las operaciones cuestionadas.

Grabia explicó que la acusación incluye presuntas defraudaciones contra River y delitos relacionados con la promoción o instigación de grupos violentos. Durante su intervención mencionó las penas previstas para esas figuras, aunque la eventual sanción de cada acusado dependerá de la calificación jurídica definitiva, las pruebas producidas y la decisión del tribunal. La elevación a juicio no implica por sí misma una declaración de culpabilidad.