Bettina Angeletti quedó en el centro de una nueva línea de investigación judicial por los pagos que habría recibido su consultora +BE de parte de empresas vinculadas directa o indirectamente con el Estado. El expediente apunta a determinar si existieron conflictos de intereses, beneficios indebidos o contrataciones incompatibles con la función pública de Manuel Adorni.
La investigación cobró fuerza luego de que la Justicia pidiera información sobre la facturación de al menos tres clientes de la firma de Angeletti. En paralelo, el caso se suma a otras derivaciones patrimoniales que ya habían puesto bajo la lupa a Adorni, entre ellas la reforma de la casa de Adorni.
Los contratos de la consultora +BE que quedaron bajo análisis
Uno de los puntos centrales de la investigación es el vínculo entre +BE y National Shipping S.A., una empresa naviera que mantiene contratos con YPF. Según la documentación mencionada en el expediente y difundida en A24, la compañía habría informado pagos por más de 6 millones de pesos a la consultora de Angeletti por tres jornadas de capacitación.
El dato es relevante porque Adorni asumió como funcionario nacional y también fue designado como director de YPF en representación del Estado. La Justicia busca establecer si esa situación pudo haber generado algún tipo de incompatibilidad, aunque por el momento no hay una calificación penal definitiva ni una conclusión judicial sobre la existencia de delito.
En el programa de A24, los periodistas Santiago Fioriti y Nicolás Wiñazki señalaron que National Shipping fue una de las empresas requeridas por la Justicia y que, hasta el momento de la exposición televisiva, habría sido la única en entregar documentación.
Wiñazki explicó que la investigación apunta a saber si la empresa de Angeletti tuvo clientes con vínculos estatales y remarcó que la causa todavía está en una etapa de recolección de información. En ese contexto, sostuvo que se busca determinar si Manuel Adorni pudo haber favorecido de alguna manera la llegada de clientes a la consultora de su esposa.
Además de National Shipping, en el informe periodístico se mencionaron otras firmas bajo análisis, entre ellas Grupo Foggia y Grupo Datco. La Justicia habría solicitado documentación sobre eventuales contrataciones, facturación y vínculos comerciales con +BE.
La pista de National Shipping y el vínculo con YPF
La contratación de National Shipping aparece como el elemento más concreto de esta etapa de la causa. Según el material difundido, la empresa habría contratado a +BE para servicios de coaching ontológico destinados a personal jerárquico o directivo.
En la documentación citada por los periodistas, la naviera habría informado tres pagos que suman más de 6 millones de pesos. La cifra activó el interés judicial por la relación entre la firma, YPF y el rol institucional de Adorni.
Fioriti marcó que el foco no está únicamente en la existencia de una contratación privada, sino en el contexto en el que se produjo: una empresa vinculada a YPF contrató a la consultora de la esposa de un funcionario que también ingresó al directorio de la petrolera estatal.
En esa línea, el periodista resumió el eje de la investigación al señalar que se analiza si Adorni, desde su posición pública, pudo haber facilitado o favorecido negocios para una empresa familiar. La pregunta judicial todavía no tiene respuesta definitiva, pero abre una nueva derivación dentro del expediente.
El caso también se cruza con otras líneas patrimoniales que involucran al jefe de Gabinete, como los movimientos cripto de Adorni, que ya habían sido incorporados al debate público sobre su declaración patrimonial y sus activos.
Grupo Foggia, Tecnópolis y otra línea de sospecha
Otro de los nombres mencionados en el informe fue Grupo Foggia, una empresa que, según Wiñazki, figura entre los clientes de +BE y también aparece vinculada a la licitación por Tecnópolis. Ese punto abrió una segunda línea de interés para los investigadores.
El periodista sostuvo que Grupo Foggia se presentó en una licitación relacionada con el predio estatal y que la empresa habría tenido conexiones con personas cercanas al entorno de Karina Milei. Por eso, la Justicia también busca reconstruir si existieron vínculos indirectos entre clientes de la consultora de Angeletti, áreas del Estado y funcionarios del Gobierno nacional.
En el intercambio televisivo, Fioriti planteó que el foco de la causa está en las contrataciones que pudo haber tenido la empresa de Angeletti y en cómo esos ingresos se vinculan con el crecimiento patrimonial que también se investiga.
Wiñazki, por su parte, aclaró que el tipo penal todavía no está determinado y que la hipótesis podría derivar, eventualmente, en negociaciones incompatibles con la función pública u otra figura, aunque eso dependerá del avance de la investigación.
La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Carlos Stornelli, de acuerdo con lo mencionado en el informe. En esta etapa, el objetivo judicial es reunir documentación, verificar facturación y reconstruir la relación entre las empresas investigadas, la consultora +BE y el entorno de Adorni.
La investigación sobre Bettina Angeletti agrega así un nuevo capítulo al expediente que rodea al jefe de Gabinete. Mientras la Justicia avanza sobre contratos, facturas y posibles vínculos con compañías relacionadas al Estado, el caso empieza a concentrarse en una pregunta central: si los negocios de la consultora crecieron por actividad privada legítima o si estuvieron condicionados por la posición pública de Adorni.
