El jefe de Gabinete Manuel Adorni se adhirió al régimen de Inocencia Fiscal, el esquema simplificado que permite declarar ingresos y activos no exteriorizados sin recibir sanciones fiscales en determinados casos. La decisión se conoció mientras sigue pendiente la presentación de su declaración jurada y en medio de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
Según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, también ingresó al régimen. La adhesión se produjo luego de que Javier Milei asegurara el 6 de mayo, en una entrevista televisiva, que el funcionario tenía preparada la documentación para presentar sus números: “Manuel ya tiene todas las cosas listas y está por presentar los números por adelantado. Se van a terminar todas estas mentiras”.
Qué permite el régimen de Inocencia Fiscal
La llamada Ley de Inocencia Fiscal introduce cambios en el Régimen Penal Tributario y en el Código Civil y Comercial. El eje del esquema es aliviar los controles sobre el origen del patrimonio declarado, a cambio de que los contribuyentes cumplan con la facturación y las obligaciones informadas ante ARCA.
Desde el organismo recaudador defendieron la iniciativa al sostener que “la Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”.
Entre los puntos centrales, la reglamentación eleva los umbrales de evasión tributaria: la evasión simple pasa a fijarse en 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada se establece en 1.000 millones. Además, reduce el plazo de prescripción de los delitos tributarios de cinco a tres años.
La diferencia entre la situación fiscal y la causa judicial
Uno de los puntos sensibles del caso es que la adhesión al régimen puede ordenar la situación fiscal de un contribuyente, pero no elimina por sí misma una investigación judicial en curso. En el caso de Adorni, el expediente por presunto enriquecimiento ilícito continúa bajo análisis y apunta a reconstruir su evolución patrimonial.
La normativa también prevé que, ante ciertos incumplimientos detectados, el contribuyente pueda regularizar su situación mediante el pago de la deuda, sin enfrentar automáticamente una causa penal tributaria. El Gobierno sostiene que el objetivo es ampliar la base tributaria y canalizar fondos no declarados hacia la economía formal.
La adhesión de Adorni y Angeletti vuelve a poner el foco sobre la declaración jurada pendiente, los alcances reales del régimen y el impacto político de que un alto funcionario del Gobierno utilice una herramienta impulsada por la propia administración nacional.
