La diputada nacional Marcela Pagano acusó al Gobierno de Javier Milei de haber facilitado la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil a través de territorio argentino y denunció un presunto operativo que habría involucrado vehículos oficiales, personal de seguridad y funcionarios nacionales. La legisladora sostuvo que el traslado dejó evidencias que deberían ser investigadas por la Justicia.
El caso de Marcela Pagano y Flávio Bolsonaro volvió al centro del debate después de una entrevista televisiva en la que la diputada cuestionó la desestimación de su denuncia en Puerto Iguazú, confirmó que también recurrió a la Justicia brasileña y señaló al asesor presidencial Santiago Caputo por su presunta participación en el operativo.
“Saben que fue una torpeza, porque dejaron los dedos marcados”, afirmó Pagano al referirse a las imágenes y registros que, según su versión, permitirían reconstruir el recorrido del dirigente brasileño.
Marcela Pagano y Flávio Bolsonaro: las denuncias por el traslado a través de Argentina
El ingreso por Misiones y las sospechas sobre los controles
Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, atravesó la frontera entre Brasil y Argentina durante la noche del martes 27 de octubre de 2026, acompañado por su esposa y sus dos hijas.
Según la Dirección Nacional de Migraciones, el grupo ingresó por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, y posteriormente abordó un vuelo privado con destino inicial a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Estados Unidos.
El traslado se produjo después de que la Justicia brasileña impusiera restricciones a la salida del país del dirigente, en el marco de una investigación judicial.
Pagano cuestionó que las autoridades argentinas permitieran su ingreso y sostuvo que existieron irregularidades en los controles migratorios.
“Hay una irregularidad primaria en Migraciones Argentina”, afirmó.
La legisladora argumentó que las restricciones judiciales impuestas en Brasil debieron impedir el traslado y consideró que los funcionarios argentinos no podían desconocer esa situación.
Sin embargo, la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú llegó a una conclusión diferente: a partir de los informes de Migraciones e Interpol, determinó que Bolsonaro tenía documentación válida para ingresar, transitar y salir de Argentina y que no registraba restricciones internacionales que obligaran a las autoridades locales a impedir esos movimientos.
Por esa razón, el fiscal federal Fabián Martínez desestimó la denuncia por presuntas irregularidades migratorias en esa jurisdicción. La decisión, sin embargo, podía ser sometida a revisión por una instancia fiscal superior, procedimiento que Pagano manifestó su intención de solicitar.
La denuncia por el presunto uso de vehículos oficiales
Uno de los principales cuestionamientos de Pagano se concentra en la utilización de recursos del Estado argentino durante el traslado.
Según su relato, Bolsonaro habría sido acompañado por efectivos de seguridad y transportado en una camioneta vinculada a la Entidad Binacional Yacyretá.
La diputada sostuvo que ese vehículo habría permitido trasladar al dirigente hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú y acercarlo directamente a la aeronave privada.
“Pusieron la camioneta directamente en la pista para que los Bolsonaro subieran al avión”, aseguró.
También afirmó que ese procedimiento habría evitado controles habituales sobre los pasajeros y el equipaje, aunque esas circunstancias no están acreditadas judicialmente.
Pagano vinculó el episodio con la presencia de Santiago Caputo en Misiones y cuestionó el supuesto empleo de recursos públicos para asistir a un dirigente extranjero.
En la entrevista también mencionó al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y al funcionario Diego Santilli como parte de su denuncia por presunto abuso de autoridad.
Estas acusaciones corresponden a la presentación y las declaraciones de la legisladora. No constituyen una determinación judicial de responsabilidad de los funcionarios señalados.
“Que muestren la factura”: el reclamo por el vuelo privado
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el financiamiento del avión utilizado por Bolsonaro y su familia.
Pagano señaló que todavía falta esclarecer quién contrató la aeronave y cómo se pagó el servicio.
“Yo lo que pido es que la Justicia investigue no solo quién, sino cómo. Es muy simple, es un vuelo privado, ¿cómo se facturó?”, expresó.
La diputada sostuvo que el costo de mercado del viaje rondaría los 250.000 dólares, una estimación mencionada durante la entrevista que no fue acompañada allí por una factura u otra documentación que permitiera comprobar el importe.
“Que muestren la factura, que muestren la factura”, insistió.
El traslado se realizó mediante un avión privado operado por Baires Fly, cuyo recorrido incluyó una escala en Ecuador antes de continuar hacia Estados Unidos.
Para Pagano, identificar al contratante y reconstruir el pago permitiría determinar si hubo participación de funcionarios o utilización de fondos públicos.
La investigación continúa en Comodoro Py
Aunque la Fiscalía de Puerto Iguazú desestimó la denuncia por irregularidades migratorias, el episodio también dio lugar a actuaciones en los tribunales federales de Buenos Aires.
En ese ámbito, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó preservar imágenes de cámaras de seguridad y solicitar información sobre el paso de Bolsonaro por Argentina.
La fiscal Paloma Ochoa intervino en las medidas preliminares destinadas a esclarecer la posible participación de funcionarios y la utilización de recursos estatales.
La existencia de esas actuaciones no implica que las acusaciones de Pagano hayan sido comprobadas ni que exista una imputación penal contra todas las personas mencionadas por la diputada.
Pagano acudió a la Justicia brasileña y cuestionó el archivo en Misiones
Durante la entrevista, la legisladora explicó que decidió presentar una denuncia adicional en Brasil porque temía que determinadas pruebas pudieran desaparecer.
Según relató, presentó una denuncia paralela ante la Justicia brasileña para intentar preservar registros e imágenes del recorrido de Bolsonaro, ante la posibilidad de que se perdieran evidencias del lado argentino.
También afirmó que tenía intención de solicitar una revisión de la decisión adoptada en Puerto Iguazú y denunció presuntas presiones políticas sobre funcionarios y autoridades judiciales.
Esos señalamientos no fueron acreditados mediante pruebas exhibidas durante la entrevista.
Pagano señaló además que acompañaba una iniciativa parlamentaria para solicitar explicaciones a funcionarios nacionales por el episodio.
La controversia quedó así dividida en dos planos: por un lado, la desestimación inicial de la denuncia en Misiones, cuya revisión fue anunciada por Pagano; por otro, las actuaciones en Buenos Aires sobre la posible intervención de funcionarios argentinos y el uso de recursos públicos.
Mientras esas cuestiones permanezcan sin una resolución definitiva, las acusaciones de Marcela Pagano seguirán siendo materia de investigación y debate político, sin que pueda darse por demostrada la participación del Gobierno en la salida de Flávio Bolsonaro.