El jefe de Gabinete Manuel Adorni es investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que el fiscal Gerardo Pollicita analiza si sus ingresos declarados permiten justificar movimientos de fondos, viajes al exterior y adquisición de bienes.
En un informe televisivo, la periodista Lucía Salinas explicó que la investigación se centra en cifras concretas y en la falta de documentación respaldatoria, en línea con otros episodios vinculados a viajes y la causa por enriquecimiento que ya habían sido señalados previamente.
La investigación judicial y las cifras bajo análisis
Según detalló Salinas, uno de los puntos centrales es una deuda acumulada de 335.000 dólares que el funcionario debería cancelar en un plazo acotado, lo que abre interrogantes sobre el origen de los fondos necesarios para afrontar ese pago.
— Lucía Salinas: “Dos cifras que tiene bajo la lupa el fiscal: deudas por 335.000 dólares que acumula el funcionario y que tiene que cancelar en menos de seis meses”.
— Lucía Salinas: “¿Cuál es el respaldo documental que justifica la tenencia de esas divisas?”.
Además, el informe mencionó más de 104.000 dólares que habrían sido utilizados en efectivo para gastos vinculados a viajes, hoteles y adquisición de inmuebles en un período inferior a un año.
— Lucía Salinas: “Hasta ahora, la justicia no tiene respaldo documental de la tenencia de esos dólares”.
En ese marco, la fiscalía evalúa avanzar con un análisis pericial de ingresos y egresos para determinar si existen inconsistencias entre los fondos declarados y el nivel de gastos.
Peritajes, billeteras virtuales y posibles derivaciones
La investigación incluye también el análisis de posibles movimientos en billeteras virtuales y criptomonedas, en busca de rastrear el origen de los fondos.
— Lucía Salinas: “El fiscal se metió en billeteras virtuales y también en criptomonedas; pidió información oficial para determinar si a través de estos sistemas pudo adquirir dólares”.
Durante el intercambio en la mesa, el periodista Pablo Rossi planteó interrogantes sobre la eventual existencia de dinero no declarado y las posibles consecuencias legales de ese escenario.
— Pablo Rossi: “Le están buscando la plata en negro, o sea, si esto era en negro.”.
Salinas explicó que la figura de enriquecimiento ilícito implica que el funcionario debe justificar el origen de sus bienes, y que, en caso de no poder hacerlo, podrían abrirse nuevas instancias judiciales.
— Lucía Salinas: “El enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba: el imputado tiene que demostrar sus ingresos”.
En paralelo al avance judicial, el caso también escaló en el plano político, donde aparecieron fuertes críticas políticas contra Adorni, con cuestionamientos directos y pedidos de renuncia que endurecieron el clima en torno al funcionario.
El expediente continúa en etapa de análisis y podría derivar en nuevas medidas si los peritajes confirman inconsistencias en la justificación de los fondos, en un proceso que mantiene en foco la situación patrimonial del funcionario.
