El expediente judicial registra al menos diez transferencias por un total de $1.670.900 entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 provenientes de una productora ligada a Marcelo Grandio, realizadas antes de que Manuel Adorni se incorporara al Gobierno como vocero presidencial.
La causa, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar el origen de esos fondos y si existe relación con el financiamiento de un viaje en avión privado durante el feriado de Carnaval. En ese contexto, el caso se suma al impacto en el Gobierno por Adorni en medio de otras polémicas recientes.
Las transferencias de Adorni y el vínculo previo con Grandio
Según la documentación incorporada al expediente, los pagos se distribuyen en distintos montos: dos transferencias iniciales de $60.000 y $50.000, cuatro de $121.000, tres de $157.300 y una última de $605.000. Todos los movimientos se registraron en el período previo a su función pública.
El juzgado también reunió información de organismos como Radio y Televisión Argentina, la Oficina Nacional de Contrataciones, la ANAC, la IGJ y Migraciones, además de registros de la empresa Jag Executive, que comercializó los vuelos investigados.
El viaje a Punta del Este en la mira judicial
Uno de los puntos centrales del expediente es el traslado realizado durante el feriado de Carnaval. Testimonios incorporados indican que el vuelo privado habría sido una invitación de Grandio, lo que abre la hipótesis de posibles beneficios indebidos.
En paralelo, la productora Imhouse —vinculada al empresario— firmó contratos con la TV Pública meses después de la asunción de Adorni, lo que refuerza la línea investigativa sobre la relación previa entre ambos. Este punto también se conecta con los contratos de Grandio con la TV Pública que quedaron bajo revisión.
El informe televisivo que impulsó la investigación
Un informe difundido por C5N expuso los movimientos bancarios y el vínculo entre las partes, aportando elementos que hoy forman parte de la causa judicial.
La investigación busca determinar si los pagos y el viaje responden a una relación personal o si pueden derivar en responsabilidades dentro del ejercicio de la función pública, en un caso que vuelve a poner el foco en la transparencia de los vínculos previos a la gestión.