El editorial de Nancy Pazos contra Milei volvió a poner en discusión las expresiones del presidente argentino hacia los trabajadores de prensa. Durante su programa, la periodista cuestionó las declaraciones que el mandatario realizó en la gala de la Fundación Faro, donde señaló por sus nombres a varios comunicadores y utilizó una referencia a la hoguera que despertó fuertes críticas.
La intervención de Nancy Pazos contra Milei se concentró en el alcance de esas palabras cuando provienen del jefe de Estado. La conductora sostuvo que el discurso excede una confrontación política habitual y advirtió sobre sus posibles consecuencias para quienes ejercen el periodismo. “Cuando un presidente dice que hay gente que tiene que quemarse, no es una metáfora, es incitación a la violencia”, afirmó.
Las declaraciones presidenciales se produjeron el viernes 23 de octubre, durante una cena de recaudación de la Fundación Faro, después de conocerse una decisión judicial que dispuso el sobreseimiento de Milei en una causa vinculada con la criptomoneda $LIBRA.
La resolución fue dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8 y alcanzó también a otros involucrados en esa investigación. El fallo se refiere a los hechos y delitos examinados en ese expediente y no debe confundirse con una resolución sobre cualquier otra controversia vinculada con la criptomoneda.
Milei interpretó la decisión como una reivindicación frente a las acusaciones que había recibido y responsabilizó a sectores políticos y periodísticos por lo que describió como una campaña destinada a perjudicar a su Gobierno.
Nancy Pazos contra Milei: qué dijo el presidente sobre los periodistas
Durante el discurso, Milei mencionó expresamente a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, entre otros periodistas que habían informado sobre el caso $LIBRA.
Los calificó como “ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira” y cuestionó la cobertura que realizaron de la investigación judicial.
Poco después recurrió a una expresión que se convirtió en el centro de la controversia: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.
La frase figura en la transcripción oficial del discurso publicada por la Casa Rosada. Milei no utilizó literalmente la expresión «quemar periodistas». Sin embargo, la referencia a la hoguera apareció después de señalar e insultar a comunicadores identificados por sus nombres, una secuencia que motivó las críticas de Pazos y las organizaciones de prensa.
En su editorial, Pazos sostuvo que las palabras del presidente no podían interpretarse como una simple expresión retórica.
“Fue ahí donde, en mi opinión, el presidente cometió un delito tipificado en el Código Penal Argentino y que se llama incitación a la violencia”, planteó.
Se trata de una valoración jurídica expresada por la periodista, no de una conclusión establecida por un tribunal. La existencia de expresiones violentas o agresivas en un discurso no determina, por sí sola, que se encuentren reunidos los requisitos de una figura penal.
Pazos insistió en que el contexto institucional importa especialmente cuando quien utiliza ese lenguaje ocupa la Presidencia de la Nación.
También cuestionó que se identificara públicamente a periodistas antes de utilizar una imagen asociada con la violencia física.
FOPEA rechazó el discurso y presentó el caso ante la ONU
Las críticas no quedaron limitadas al editorial televisivo.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) difundió el 26 de octubre un pronunciamiento en el que advirtió sobre una escalada de hostilidad presidencial hacia periodistas y trabajadores de medios.
La organización cuestionó especialmente que Milei mencionara comunicadores por sus nombres y luego utilizara la figura de la hoguera.
FOPEA sostuvo que ese tipo de declaraciones puede favorecer un clima de intimidación y aumentar los riesgos para quienes realizan tareas informativas.
Ese mismo 26 de octubre informó que había presentado una denuncia ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
La presentación incluyó información del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA. Según los registros de esa organización, los ataques a la prensa pasaron de 116 casos en 2023 a 179 en 2024 y 278 en 2025.
La entidad aseguró que durante 2026 ya se había superado el récord del año anterior. También atribuyó al presidente Javier Milei 175 hechos registrados hasta el momento de la presentación, más del 60% de las agresiones documentadas durante ese período.
Estas cifras corresponden al monitoreo elaborado por FOPEA y reflejan su metodología de registro y atribución de incidentes. No constituyen determinaciones judiciales sobre la responsabilidad penal de las personas mencionadas.
La organización solicitó que la Relatoría se pronuncie sobre la situación argentina y evalúe medidas de seguimiento.
La presentación ante Naciones Unidas no constituye una resolución del organismo ni implica que se hayan determinado responsabilidades.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) también manifestó preocupación por las expresiones del mandatario y por la reiteración de agravios contra profesionales y organizaciones periodísticas.
Las reacciones políticas y la respuesta del Gobierno
El discurso generó cuestionamientos que trascendieron a los sectores opositores.
Patricia Bullrich, referente del oficialismo, reconoció públicamente que el presidente había cruzado un límite con sus expresiones y sostuvo que las diferencias con periodistas debían responderse mediante argumentos.
Nancy Pazos recuperó esa reacción durante su editorial y destacó que incluso figuras políticas y periodísticas cercanas al Gobierno habían manifestado reparos.
También cuestionó la explicación oficial frente a las críticas.
En una conferencia de prensa realizada el martes 27 de octubre, el vocero presidencial Adrián Ravier recibió preguntas sobre las declaraciones de Milei y la posibilidad de una rectificación.
“No se puede tomar literal esta frase polémica”, respondió el funcionario.
Ravier sostuvo que las palabras del mandatario constituían una metáfora expresada en un contexto de enojo por la cobertura periodística de la Causa $LIBRA.
El vocero defendió la posición del Gobierno y afirmó que el presidente respeta la libertad de expresión, aunque distingue entre el periodismo y lo que denomina «pseudoperiodismo».
Según su interpretación, Milei estaba respondiendo a comunicadores que, a juicio del oficialismo, habían difundido información falsa para perjudicar su imagen.
Para Pazos, sin embargo, esa explicación no resolvía el problema de fondo: el lenguaje utilizado y el peso institucional de quien lo pronunció.
La conductora planteó que las palabras presidenciales deben analizarse por sus posibles consecuencias públicas, más allá de las intenciones que el Gobierno les atribuya.
El debate sobre la libertad de prensa y los límites del discurso presidencial
El episodio reabrió una discusión que atraviesa la relación entre el Gobierno y los medios desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.
El presidente sostiene que distintos periodistas y empresas periodísticas desarrollan operaciones políticas en su contra y reivindica su derecho a cuestionarlos públicamente.
Las organizaciones profesionales, por su parte, distinguen entre la crítica legítima a una cobertura informativa y las expresiones que pueden estigmatizar a trabajadores de prensa o exponerlos a situaciones de hostigamiento.
La controversia adquiere una dimensión particular cuando las declaraciones provienen de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, por la influencia pública y las responsabilidades institucionales asociadas con ese cargo.
En ese contexto, el editorial de Nancy Pazos aportó una crítica directa a las expresiones presidenciales, mientras las presentaciones de FOPEA incorporaron el episodio a un reclamo más amplio sobre las condiciones en las que se ejerce el periodismo en Argentina.
La discusión ya no se limita al enfrentamiento entre Milei y determinados comunicadores. También involucra los límites de la confrontación pública, la responsabilidad de los funcionarios y las garantías necesarias para que la actividad periodística pueda desarrollarse sin intimidaciones.