Roberto Herrera renunció como abogado del principal acusado en la causa por la clínica ilegal de González Catán y explicó que la decisión se produjo por diferencias en la estrategia de defensa.
El letrado había representado hasta las últimas horas a Santarcieri, señalado como cabeza de Argentina Salud, la firma investigada por el funcionamiento de centros médicos con graves irregularidades. En diálogo con A24, Herrera sostuvo: “Fue algo meramente por una diferencia en la estrategia de defensa con el señor Santarcieri, nada más”.
El caso volvió a quedar bajo la lupa luego de que se conocieran detalles sobre los sellos truchos de Argentina Salud, una de las líneas centrales de la investigación judicial.
La renuncia del abogado y las dudas sobre la defensa
Herrera aseguró que no hubo un motivo particular detrás de su salida y descartó que la decisión estuviera vinculada con honorarios. Sin embargo, reconoció que recién pudo mantener una entrevista más amplia con su defendido en la fiscalía, cuando accedió a elementos de prueba de la causa.
Según explicó, en una primera conversación breve Santarcieri le habría dicho que el lugar contaba con habilitación y que las ambulancias también estaban habilitadas. Luego, tras revisar la situación judicial, el abogado decidió no continuar con la representación.
La investigación apunta al funcionamiento de Argentina Salud, una estructura que, según se informó en A24, tenía cuatro establecimientos: tres sin habilitación y uno con resolución de clausura. El caso también derivó en nuevas preguntas sobre los dueños de Argentina Salud y los controles que debieron impedir su funcionamiento.
Qué cargos enfrenta Santarcieri
Durante la entrevista, Herrera resumió las acusaciones que pesan sobre su exdefendido. Mencionó venta ilegal de medicamentos, malversación de documento público por el uso de sellos, ejercicio ilegal de la medicina y asociación ilícita.
El abogado también señaló que le resultaba llamativo que el establecimiento no hubiera sido clausurado el mismo día del allanamiento. Según explicó, la fiscalía no tiene potestad administrativa para clausurar, sino que debe intervenir por la vía judicial y remitir las actuaciones a los organismos correspondientes.
En paralelo, la cobertura mostró fajas de clausura colocadas por el municipio de La Matanza y por el Ministerio de Salud bonaerense. También se indicó que una resolución de 2024 ya marcaba que el establecimiento debía estar cerrado.
Clausura, controles y denuncias
El caso abrió un debate sobre la responsabilidad de los organismos de control. En la transmisión se remarcó que el centro debía contar con instancias de autorización municipal y provincial, y que una de las sedes ya tenía antecedentes administrativos.
Herrera indicó que existía una multa de más de 4 millones de pesos impuesta por el Ministerio de Salud, aunque planteó que esa falta administrativa no necesariamente equivalía a los delitos que ahora se investigan.
La causa también incorporó testimonios de personas que denunciaron atención deficiente. Entre ellos se mencionó el caso de un hombre que afirmó que su padre murió luego de haber sido atendido en el lugar, aunque el abogado aclaró que esa denuncia fue realizada después de que la fiscalía lo convocara.
La renuncia de Herrera suma un nuevo capítulo a una investigación que combina presuntas irregularidades sanitarias, documentación falsa, sellos médicos y posibles fallas de control estatal. El avance de la causa deberá determinar cómo funcionó la red, quiénes participaron y qué responsabilidades penales o administrativas corresponden.
