Los dueños de Argentina Salud quedaron en el centro de la investigación judicial que busca desarticular una red de clínicas truchas que funcionaba en distintas localidades de La Matanza.
Entre los detenidos aparece Alberto Rubén Santarceri, conocido como “Beto” Santarceri, un empresario de 57 años señalado como el principal responsable de la organización. Según la investigación, no tenía título médico y había sido condenado previamente por homicidio.
De acuerdo con la causa, Santarceri salió en libertad anticipada durante la pandemia y luego montó el entramado sanitario investigado actualmente por asociación ilícita, usurpación de matrículas y comercialización de medicamentos truchos.
La investigación se conecta con el testimonio de una exempleada de la clínica trucha de González Catán, quien denunció el uso irregular de matrículas médicas.
Sellos truchos, clínicas y médicos investigados
La causa sostiene que la red utilizó más de 50 matrículas y sellos médicos pertenecientes incluso a profesionales fallecidos para operar clínicas y farmacias.
Junto a Santarceri fueron detenidos Noelia Luna, Brian Marcelo Santarceri, Nicolás Alberto Santarceri, Gabriel Muse —también condenado previamente por homicidio— y Dunia Mercedes Suazo Pulido.
Durante los allanamientos se secuestraron medicamentos truchos, armas, documentación y entre 60 y 70 sellos presuntamente falsificados.
Clínicas en González Catán, Virrey del Pino y San Justo
La investigación apunta a varias sedes vinculadas a Argentina Salud ubicadas en González Catán, Virrey del Pino y San Justo.
Según se informó, las clínicas funcionaban de manera abierta y ofrecían distintos servicios médicos pese a las irregularidades detectadas.
Además, la Justicia investiga si parte del personal que atendía pacientes utilizaba matrículas ajenas o ejercía sin la correspondiente habilitación profesional en Argentina.
El avance judicial también se vincula con la causa por la muerte en una clínica trucha, que expuso el funcionamiento de la red sanitaria clandestina.
Indagatorias y nuevas medidas judiciales
Este jueves comenzaron las indagatorias en la Fiscalía descentralizada de La Ferrere, donde los investigadores buscan determinar el alcance de la organización y posibles responsabilidades adicionales.
La causa también intenta establecer cómo las clínicas pudieron operar durante años sin ser clausuradas y si existieron fallas de control o protección política.
Mientras avanza la investigación, continúan las pericias sobre la documentación secuestrada y no se descartan nuevos allanamientos en otras sedes vinculadas a la red.
