El exdiputado nacional José Luis Espert quedó nuevamente en el centro de una investigación judicial luego de que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitara su indagatoria al considerar que el contrato presentado para justificar una transferencia de US$ 200.000 realizada por Fred Machado sería falso. La causa analiza si esa operación estuvo vinculada a una presunta maniobra de lavado de dinero y José Luis Espert es uno de los nombres señalados en el expediente.
Según se expuso en un informe televisivo, el dictamen del fiscal sostiene que el documento exhibido por el legislador no acreditaría ningún trabajo realizado y que habría sido utilizado para intentar justificar el origen del dinero recibido desde el exterior. La transferencia, de acuerdo con la investigación, fue realizada por Fred Machado, empresario investigado en Estados Unidos por presuntos delitos vinculados al lavado de dinero y al narcotráfico.
El pedido de indagatoria y las sospechas sobre el contrato
Fernando Domínguez sostuvo que el acuerdo presentado por Espert “es una truchada” y que no existirían evidencias de que el diputado haya prestado servicios para la empresa mencionada en el contrato. En esa línea, el fiscal pidió que sea citado a declaración indagatoria para explicar el origen y la justificación de esos fondos.
Durante el programa también se exhibieron supuestos mensajes atribuidos a José Luis Espert intercambiados con sus contadores, en los que se haría referencia a la confección de sus declaraciones juradas y a la manera de incorporar esos ingresos.
Entre las conversaciones difundidas aparece una frase en la que el legislador habría señalado: “Lo que pude haber dicho era que se estuvo por firmar un contrato con el Estado de Guatemala, pero finalmente terminó siendo una empresa de él”, en referencia a Fred Machado y a la firma denominada Minas del Pueblo.
Los chats y la explicación sobre los fondos
De acuerdo con la reconstrucción realizada en el informe, las conversaciones mostrarían la preocupación por la forma de declarar los US$ 200.000 y la necesidad de justificar la transferencia. Los investigadores sostienen que esa documentación será clave para determinar si existió una maniobra destinada a ocultar el verdadero origen del dinero.
Por el momento, el juez federal a cargo del expediente dispuso nuevas medidas de prueba antes de resolver el pedido formulado por la fiscalía. Sin embargo, la solicitud de indagatoria ya fue presentada formalmente y la investigación continúa avanzando para determinar si existieron irregularidades en la operación cuestionada.
